Estafa

La estafa (art. 248 del Código Penal) sanciona a quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño bastante para producir error en otra persona, induciéndola a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o de un tercero.

Lo que distingue la estafa de otros delitos patrimoniales (como el hurto o la apropiación indebida) es que la víctima entrega voluntariamente el patrimonio, pero esa voluntad está viciada por un engaño previo y suficiente. El engaño debe ser anterior o coetáneo al desplazamiento patrimonial y la causa directa del mismo.

Para que exista estafa la doctrina y la jurisprudencia exigen, de forma acumulativa:

• Engaño bastante: una maniobra mendaz idónea para inducir a error a una persona media en esas circunstancias. No basta cualquier mentira: debe ser suficiente y, según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, valorarse junto al deber de autoprotección de la víctima.
• Error en la víctima: una falsa representación de la realidad causada por el engaño.
• Acto de disposición patrimonial: la víctima, a consecuencia del error, entrega un bien, presta un servicio o asume una obligación.
• Perjuicio patrimonial: propio o de tercero, evaluable económicamente.
• Ánimo de lucro y relación de causalidad (nexo) entre engaño → error → disposición → perjuicio.
• Dolo antecedente: el propósito defraudatorio debe existir antes del acto de disposición. Aquí está la clave que separa la estafa del incumplimiento civil.

Tras la reforma operada por la LO 14/2022, el tipo básico se castiga conforme al art. 249 CP con prisión de 6 meses a 3 años (cuando la cuantía defraudada supera los 400 €; por debajo es delito leve). La estafa agravada del art. 250.1 CP se castiga con prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, aplicable, entre otros supuestos, cuando recae sobre bienes de primera necesidad, reviste especial gravedad por el valor de lo defraudado o se cometen mediante abuso de relaciones personales o credibilidad empresarial o profesional.

Estos marcos proceden de la tabla verificada del proyecto (referencia BOE). Los subtipos, las agravantes y atenuantes (arts. 61-72 CP), los grados de ejecución y de participación, y los concursos modifican el resultado: el cálculo concreto solo puede hacerlo un abogado penalista colegiado sobre el caso. Para una horquilla orientativa puedes usar la [calculadora de pena](/herramientas/calculadora-pena).

La estafa se persigue normalmente por el procedimiento abreviado. El recorrido típico es:

1. Denuncia o querella de la persona perjudicada (o atestado policial).
2. Diligencias previas / instrucción: el juzgado investiga el engaño, el desplazamiento patrimonial y la intención. Suele ser determinante la prueba documental (contratos, transferencias, correos).
3. Comparecencia del investigado (art. 775 LECrim) y, en su caso, transformación en procedimiento abreviado.
4. Juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial según la pena.
5. Ejecución y, en su caso, responsabilidad civil (devolución de lo defraudado).

Para situarte en tu fase concreta puedes usar la [guía de la fase procesal](/herramientas/guia-fase-procesal).

Desde la óptica de la defensa, las líneas más frecuentes son:

• Atipicidad por ausencia de engaño bastante: la maniobra no era idónea o la víctima no observó su deber de autoprotección.
• Frontera con el ilícito civil: si el dolo es subsequens (la intención de no cumplir surge después), estamos ante un incumplimiento contractual, no ante una estafa. La [herramienta de vía civil o penal](/herramientas/via-civil-o-penal) ayuda a delimitarlo.
• Ausencia de dolo antecedente y de ánimo de lucro.
• Cuestionamiento del nexo causal (el perjuicio tuvo otra causa).
• Error de tipo o de prohibición.
• Reparación del daño como atenuante (art. 21.5 CP) y vías de conformidad.

Cada estrategia debe construirla un abogado penalista colegiado a partir de la prueba.

• Confundir incumplir un contrato con estafar: no todo impago es delito; la clave es el engaño previo.
• Declarar sin asistencia letrada o sin preparar la versión con el abogado.
• Borrar o no conservar correos, contratos y transferencias que prueban la realidad de la operación.
• Asumir que devolver el dinero archiva la causa: la reparación atenúa, pero no necesariamente extingue la responsabilidad penal.
• Dejar pasar plazos de personación y de proposición de prueba.

Un abogado penalista colegiado analiza primero si los hechos encajan en el tipo del art. 248 CP o son un asunto civil; revisa la idoneidad del engaño y el deber de autoprotección de la víctima; reconstruye la cronología para situar el dolo; y diseña la prueba (documental, pericial económica, testifical). JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados penalistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado. La IA de JBH ayuda a ordenar el expediente y a preparar materiales, pero la decisión y la dirección son siempre del colegiado.