Abogado de delito fiscal y contra la Hacienda Pública

El Código Penal castiga, en su artículo 305, a quien defrauda a la Hacienda Pública —estatal, autonómica, foral o local— eludiendo el pago de tributos, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros por cada tributo y periodo.

Por debajo de ese umbral, los hechos son una infracción administrativa sancionable por Hacienda, no un delito. Por eso determinar con precisión la cuota defraudada es, a menudo, la primera y más decisiva batalla de la defensa.

No toda diferencia con Hacienda es un delito: la frontera entre la sanción tributaria (ámbito administrativo) y el delito (ámbito penal) está en la cuantía y, sobre todo, en la intención de defraudar. Trazar bien esa línea es lo que distingue una inspección que termina en una liquidación de una causa que llega al juzgado de lo penal.

La mayoría de las causas por delito fiscal no empiezan con una denuncia, sino con una actuación de Hacienda: una inspección de la Agencia Tributaria, un requerimiento de información, una comprobación de IVA o de IRPF, o el cruce de datos que detecta ingresos no declarados. Cuando la Administración aprecia que la cuota podría superar el umbral penal, traslada el expediente al Ministerio Fiscal o al juzgado.

Los perfiles más habituales son autónomos y sociedades con facturación irregular, discrepancias en la deducción de gastos o de cuotas de IVA, rentas o patrimonio en el extranjero no declarados, operaciones vinculadas entre empresas del mismo grupo, o herencias y donaciones cuya tributación se cuestiona. En muchos casos el contribuyente actuó siguiendo el criterio de su asesor, y ahí la discusión sobre la intención es central.

Recibir una comunicación de inicio de inspección, un requerimiento o una citación no significa que se haya cometido un delito. Pero sí marca el momento en que conviene revisar la situación con criterio jurídico, porque lo que se declare o se aporte a partir de ahí condiciona todo lo que venga después.

La ley prevé que quien regulariza su situación tributaria —pagando la deuda y reconociéndola de forma completa y voluntaria— antes de que se le notifiquen actuaciones de comprobación o se interponga querella o denuncia, queda exento de responsabilidad penal.

El momento es decisivo: la regularización solo despliega su efecto si se hace antes de que la Administración o el juzgado actúen. Una vez notificada la inspección o presentada la querella, esa puerta se estrecha. Por eso valorar si todavía es posible, y plantearla de forma completa y técnicamente correcta, es de las primeras cosas que conviene analizar.

Regularizar mal —de forma parcial, tardía o sin reconocer la totalidad— puede no producir el efecto buscado e incluso aportar elementos en contra. La decisión de regularizar, y cómo hacerlo, debe tomarse con asesoramiento penal y tributario coordinado.

El recorrido típico arranca en la fase administrativa, con la inspección tributaria, y puede continuar en la vía penal si la Agencia Tributaria aprecia indicios de delito y remite el expediente. A partir de ahí se abre la instrucción judicial, en la que se practican diligencias, se aporta documentación y se toma declaración al investigado.

En la causa suelen convivir dos planos: el de la deuda tributaria (cuánto se debe) y el de la responsabilidad penal (si hubo delito y de quién). Hacienda actúa además como perjudicada y reclama la cuota, los intereses y, en su caso, la responsabilidad civil derivada del delito.

Si la instrucción concluye que hay base para acusar, el caso avanza hacia el juicio oral; si no, puede archivarse o sobreseerse. El detalle de fases, plazos y derechos del investigado —cómo declarar, qué se puede pedir, cómo se recurre— lo desarrollamos en nuestra guía sobre detención, citación y derechos del investigado, que conviene leer en cuanto se recibe la primera comunicación.

No es lo mismo una regularización o una sanción de Hacienda que un proceso penal. En la vía administrativa, la Agencia Tributaria liquida la deuda e impone, si procede, una sanción económica; el conflicto se resuelve ante la propia Administración y los tribunales económico-administrativos y contencioso-administrativos.

En la vía penal, en cambio, lo que está en juego es la responsabilidad criminal: la posibilidad de penas de prisión y multa, además del pago de la cuota. Las garantías son distintas (presunción de inocencia, derecho a no declarar contra uno mismo) y la estrategia también: lo que en una inspección puede ser razonable aportar, en un proceso penal hay que valorarlo con mucha cautela.

Entender en qué plano está realmente el caso —y evitar que una discrepancia tributaria escale innecesariamente a lo penal, o defenderse con todas las garantías cuando ya ha escalado— es parte del análisis inicial.

La defensa puede dirigirse al cálculo de la cuota (si realmente supera el umbral), a la ausencia de dolo defraudatorio (errores, discrepancias razonables de criterio, confianza en asesores), a la prescripción del delito, o a la nulidad de pruebas obtenidas en la inspección.

En este tipo de causas el informe pericial económico-tributario suele ser determinante: una pericial sólida puede reducir la cuota por debajo del umbral o desmontar la existencia de defraudación. Discutir la cifra con un perito propio, frente al informe de la Administración, es a menudo donde se decide el caso.

El delito fiscal rara vez es un delito aislado: en la práctica aparece junto a otras figuras del penal económico, como el blanqueo de capitales, la apropiación indebida o los delitos societarios. Por eso la defensa debe mirar el conjunto y anticipar cómo se relacionan unas acusaciones con otras.