Abogado de delito fiscal y contra la Hacienda Pública

El Código Penal castiga, en su artículo 305, a quien defrauda a la Hacienda Pública —estatal, autonómica, foral o local— eludiendo el pago de tributos, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros por cada tributo y periodo.

Por debajo de ese umbral, los hechos son una infracción administrativa sancionable por Hacienda, no un delito. Por eso determinar con precisión la cuota defraudada es, a menudo, la primera y más decisiva batalla de la defensa.

La ley prevé que quien regulariza su situación tributaria —pagando la deuda y reconociéndola de forma completa y voluntaria— antes de que se le notifiquen actuaciones de comprobación o se interponga querella o denuncia, queda exento de responsabilidad penal.

Valorar si la regularización es todavía posible, y plantearla correctamente, puede cerrar el procedimiento penal antes de que avance. Es una de las primeras cosas que analizamos.

La defensa puede dirigirse al cálculo de la cuota (si realmente supera el umbral), a la ausencia de dolo defraudatorio (errores, discrepancias razonables de criterio, confianza en asesores), a la prescripción del delito, o a la nulidad de pruebas obtenidas en la inspección.

En este tipo de causas el informe pericial económico-tributario suele ser determinante: una pericial sólida puede reducir la cuota por debajo del umbral o desmontar la existencia de defraudación.