Quebrantamiento de condena

El quebrantamiento de condena (art. 468.1 CP) sanciona a quienes quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia.

En la práctica, el supuesto más habitual es el incumplimiento de una orden de alejamiento o de prohibición de comunicación, ya se haya impuesto como medida cautelar durante un procedimiento (frecuentemente de violencia de género o doméstica) o como pena o medida en sentencia. El bien jurídico protegido es la efectividad de las resoluciones judiciales.

• Existencia de una condena, medida cautelar, medida de seguridad, prisión o situación de custodia vigente y notificada.
• Conducta de quebrantamiento: incumplir lo impuesto (p. ej., aproximarse a la víctima pese a la prohibición).
• Conocimiento de la resolución y dolo de incumplirla.

Una cuestión clásica es el incumplimiento "consentido" por la persona protegida: la jurisprudencia ha considerado, en líneas generales, que el consentimiento de la víctima no excluye el delito cuando la medida se ha impuesto por la autoridad judicial [VERIFICAR doctrina]. El art. 468.2 CP prevé un tipo específico para el quebrantamiento de medidas en el ámbito del art. 48 CP (violencia de género/doméstica) [VERIFICAR].

El art. 468.1 CP se castiga con prisión de 6 meses a 1 año (cuando se quebrantan condena, medida o medida cautelar estando privado de libertad; en otros casos, el propio precepto prevé multa) [VERIFICAR el deslinde prisión/multa del art. 468.1]. El marco de prisión procede de la tabla verificada del proyecto (referencia BOE).

El art. 468.2 CP (quebrantamiento de medidas del art. 48 CP, violencia de género/doméstica) tiene su propio marco [VERIFICAR]. Las circunstancias y los grados (arts. 61-72 CP) modulan el resultado; el cálculo concreto corresponde a un abogado penalista colegiado. Horquilla orientativa con la [calculadora de pena](/herramientas/calculadora-pena).

Tramitación habitual por el procedimiento abreviado o, con frecuencia, juicio rápido dada la simplicidad probatoria. Es central acreditar la vigencia y notificación de la resolución quebrantada y el acto de incumplimiento. Recorrido: atestado → diligencias previas → comparecencia del investigado (art. 775 LECrim) → juicio oral → ejecución. Ubícate con la [guía de la fase procesal](/herramientas/guia-fase-procesal).

• Falta de notificación o de conocimiento efectivo de la medida o de su contenido exacto.
• Ausencia de dolo: contacto fortuito o ineludible, error sobre el alcance de la prohibición.
• Vigencia de la medida: discutir que la resolución estuviera en vigor en el momento de los hechos.
• Encuadre del incumplimiento "consentido" por la persona protegida (cuestión jurisprudencial discutida).
• Atenuantes que valore el letrado.

La defensa la dirige un penalista colegiado a partir de la prueba.

• Creer que el consentimiento de la persona protegida exime de responsabilidad (la jurisprudencia mayoritaria lo niega) [VERIFICAR].
• No verificar la notificación y vigencia exactas de la medida.
• Mantener contactos "inocentes" que igualmente quebrantan la prohibición.
• Declarar sin preparación ni asistencia letrada.

El penalista colegiado verifica la notificación, el contenido y la vigencia de la medida quebrantada, examina la concurrencia de dolo y de un eventual contacto fortuito, y encuadra correctamente los supuestos de incumplimiento "consentido". JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados penalistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.