Delitos contra la propiedad intelectual

Los delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270 a 272 CP [VERIFICAR]) protegen los derechos de autores y titulares sobre obras literarias, artísticas o científicas: libros, música, cine, software, videojuegos. Castigan a quien, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduce, plagia, distribuye, comunica públicamente o de otro modo explota una obra sin autorización de los titulares [VERIFICAR].

Supuestos típicos:

• La venta de copias físicas no autorizadas (el clásico top manta) y la fabricación o importación de esas copias.
• Las webs de enlaces y plataformas que facilitan de forma activa y no neutral el acceso a contenidos protegidos, financiándose con publicidad [VERIFICAR].
• Los servicios de IPTV o listas ilegales que revenden acceso a canales y plataformas de pago.
• El plagio: presentar como propia la obra ajena.
• La elusión de medidas tecnológicas de protección con fines comerciales [VERIFICAR].

El usuario final que consume contenido para uso privado, sin ánimo comercial, queda como regla fuera del reproche penal, sin perjuicio de la vía civil. No debe confundirse con los delitos contra la propiedad industrial (marcas, patentes), que tienen tipos propios [VERIFICAR].

• Obra protegida y derechos vigentes: creaciones originales cuyos derechos de explotación pertenecen a terceros; las obras en dominio público o licenciadas (por ejemplo, licencias libres) excluyen el delito.
• Falta de autorización de los titulares o cesionarios.
• Conducta de explotación: reproducción, plagio, distribución, comunicación pública (incluida la puesta a disposición en internet) o explotación económica de otro modo [VERIFICAR].
• Ánimo de beneficio económico directo o indirecto: la fórmula legal abarca los ingresos publicitarios o de suscripción de una web, no solo la venta directa [VERIFICAR]; las conductas altruistas y de uso privado quedan, como regla, en la vía civil.
• Perjuicio de tercero: idoneidad para dañar los derechos de los titulares.
• La ley prevé tipos agravados (organización criminal, especial gravedad del beneficio o del perjuicio, entre otros [VERIFICAR]) y un tipo atenuado para la distribución ambulante o meramente ocasional de escasa entidad económica [VERIFICAR].

La persecución penal convive con la reclamación civil de daños de los titulares y las entidades de gestión, canalizable como [responsabilidad civil](/enciclopedia-penal/responsabilidad-civil-ex-delicto) en el propio proceso.

Las penas de los arts. 270 a 272 CP no figuran en la tabla verificada del proyecto, por lo que se marcan [VERIFICAR]: el tipo básico combina prisión y multa [VERIFICAR], con marcos agravados por especial gravedad, pertenencia a organización o notoria importancia del beneficio [VERIFICAR] y un escalón atenuado —incluso con multa o trabajos en beneficio de la comunidad [VERIFICAR]— para la venta ambulante u ocasional de pequeña entidad, el supuesto típico del top manta.

En abstracto: agravan la escala comercial y organizada de la explotación, el volumen del beneficio y del perjuicio y la profesionalización (infraestructura, servidores, redes de distribución); favorecen la respuesta menor la escasa entidad económica, la ocasionalidad y la [reparación del daño](/enciclopedia-penal/atenuante-reparacion-del-dano) a los titulares. Son habituales el [comiso](/enciclopedia-penal/comiso) de las copias, equipos y ganancias, y medidas como la retirada de contenidos o el bloqueo de las webs [VERIFICAR]. Toda cifra debe confirmarse contra el BOE vigente y con un abogado penalista colegiado. Sobre los plazos, consulta la [prescripción del delito](/enciclopedia-penal/prescripcion-del-delito).

Líneas de defensa habituales, en abstracto:

• Ausencia de ánimo de beneficio económico: usos privados, compartición sin monetización o proyectos sin ingresos; la acusación debe acreditar el lucro perseguido, directo o indirecto.
• Discutir la conducta de explotación: enlazar de forma neutral, alojar contenidos de terceros sin intervención activa o prestar servicios técnicos genéricos plantea fronteras discutidas con la participación punible [VERIFICAR].
• Titularidad y vigencia de los derechos: exigir que los titulares acrediten sus derechos sobre cada obra concreta; licencias, dominio público o autorizaciones excluyen el tipo.
• Encaje en el tipo atenuado: en la venta ambulante u ocasional de escasa entidad, reconducir los hechos al escalón menor [VERIFICAR] cambia radicalmente las consecuencias.
• Cuantificación del perjuicio: las valoraciones de las entidades de gestión tienden al alza; la pericial contradictoria reduce la responsabilidad civil y desactiva agravaciones por especial gravedad.
• Control de la prueba tecnológica: registros de servidores, trazabilidad de pagos y autoría real de la infraestructura, conforme a la [presunción de inocencia](/enciclopedia-penal/presuncion-de-inocencia) (art. 24.2 CE).

La estrategia la dirige siempre un abogado penalista colegiado. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados penalistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.